"La cacería de dirigentes campesinos continúa"

B  O  L  I  V  I  A

 “No volvemos a por nuestras tierras

porque nunca nos fuimos.

Solo queremos justicia, aunque nos cueste la vida.

Si no es para nosotros, será para los que vienen. Pero será.”

Mujer indígena, Cochabamba, 2008

DERECHA Y FASCISTAS VAN  “A POR TODAS ”

Redacción de SERPAL.

 La situación en Bolivia empeora día a día. La oposición a los cambios votados por la mayoría del pueblo, se ha fortificado en las prefecturas del oriente dirigidas por los grupos empresariales y terratenientes de Santa Cruz.

Desde allí van extendiendo gradualmente la violencia en sus territorios: la propia Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija.  Actúan como grupos paramilitares, utilizando la logística oficial de las prefecturas, tanto en vehículos como en comunicaciones u otros recursos. La policía y el ejército han tenido  – al menos hasta ahora – instrucciones del gobierno de no utilizar sus armas. Eso ha facilitado que las bandas violentas  destruyeran bienes públicos, y que grupos de vándalos atacaran a todos aquellos a los que suponen partidarios del gobierno. Y como era previsible, ya se han producido muertos. Los agresores responsabilizan al gobierno. Pero en la emboscada y masacre de Pando, por ejemplo, casi todas las víctimas son campesinos partidarios del Movimiento al Socialismo.

 Se llega a una situación realmente límite. El gobierno termina de apelar una vez más al diálogo, convocando a los prefectos opositores “sin condiciones ni imposiciones”.  Es posiblemente la última oportunidad para encontrar salidas que detengan el camino de la violencia, que sin duda, es el elegido por quienes están dispuestos a ensangrentar una vez más Bolivia para no perder ni siquiera un trozo de sus privilegios y ventajas. Fracasada para la oposición derechista la vía electoral, están dispuestos a utilizar la violencia y el terror. Ya no es un pronóstico, es una realidad.  Hace pocas horas, los latinoamericanos evocábamos la tragedia de septiembre del 73 en Chile.  Es de esperar que todos hayamos aprendido la terrible lección y no dejemos solo al pueblo boliviano, cargado de sueños y esperanzas.

Compartimos una crónica extensa, pero que consideramos imprescindible si deseamos conocer y disponer datos que nos proporcionen el contexto en el que se dá el proceso boliviano. Que nos indique algunos elementos de última hora, pero a la vez nos den algunas claves que no suelen aparecer en la prensa privada y en las agencias cuyos intereses económicos y por tanto políticos suelen ir en dirección contraria a la voluntad y a las expectativas de nuestros pueblos. Para que la información y el análisis se conviertan en una efectiva herramienta de transformación y en este caso de solidaridad con el hermano pueblo de Bolivia.

 El pueblo boliviano no quiere una guerra civil. Lo demostró una vez más hace pocos días, cuando fue a las urnas masivamente y reiteró su apoyo al programa de cambios que aprobó hace dos años y medio cuando eligió a su presidente, Evo Morales. Entonces con el 53% de los votos, y ahora con más del 67 %, esto es, dos de cada tres bolivianos. El gobierno dijo haber interpretado esos resultados, no solo su propia y abrumadora victoria, sino la confirmación de cuatro de los prefectos opositores. “Está claro que el pueblo quiere que dialoguemos”, dijo el presidente. Pero para que exista un diálogo se necesitan dos partes. Y la otra, la oposición, ni siquiera llegó a intentarlo seriamente. Ya tenían elegido otro camino. Repetían en lo fundamental, la actitud de la derecha política chilena, en definitiva representante de similares intereses económicos y de clase cuando la Unidad Popular y Salvador Allende intentaron los cambios que la mayoría del pueblo había votado. Y el siglo XX recoge otras experiencias similares, la Guatemala de Jacobo Arbenz, o la de Juan Bosch en la Dominicana, que terminó invadida por "marines". En este caso no han encontrado un general traidor, o no confían en la posibilidad de un golpe militar a la vieja usanza. Pero la herramienta es la misma: violencia y terror. 

PASO A PASO

 La escalada ha sido gradual, pero constante. A partir de del estrepitoso fracaso de su pretensión revocatoria del mandato de Evo Morales, descartaron por completo cualquier vía democrática. El núcleo de la conspiración en Santa Cruz, con dos cabezas visibles: Rubén Costas, prefecto y Branco Marinkovic, presidente del comité cívico. Ambos representantes de los intereses de terratenientes y grandes empresarios. Revivieron la consigna de “autonomía”, lícita y sentida por muchos cruceños, y la utilizaron para terminar convirtiéndola en los hechos en un intento segregacionista, que entre demagogias y complicidades, lograron extender a otras prefecturas. El principal reclamo es “recuperar” los fondos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos. En realidad, la pretensión es que la parte de esos fondos que ahora se destinan a la “Renta Dignidad” para los mayores y al bono “Juancito Pinto” para todos los escolares, quede en las prefecturas y sean ellos sus administradores. Estos opositores, son los mismos que cuando apoyaron a los anteriores gobiernos neoliberales,  regalaron beneficios y ventajas para las transnacionales. Aquellos gravámenes fueron casi triplicados por el gobierno de Evo Morales tras la nacionalización, en beneficio del Estado boliviano.  Gracias a esa y a otras medidas, ahora hay más dinero para repartir entre prefecturas, municipios y universidades y para las urgencias sociales. Pero los prefectos opositores quieren más. A costa de lo que sea. Una forma de estrangular al estado boliviano y amputar económicamente la posibilidad de políticas sociales y transformadoras.

VIOLENCIA Y TERROR

 Y para ello emplean todos los medios que disponen las prefecturas e incluso “aportaciones privadas”  de latifundistas y grandes empresas. La Unión Juvenil Cruceñista, una agrupación ultraderechista impulsada y sostenida económicamente desde estos sectores de poder, ha sido el “modelo” paramilitar imitado en otros departamentos. En definitiva, una mezcla de funcionarios de las prefecturas y jóvenes que hacen el papel de sicarios en las acciones de vandalismo y agresión. Primero fueron hechos aislados, pero tras la visita del embajador norteamericano Philip Goldberg al prefecto Costas en Santa Cruz, y un viaje a Estados Unidos de Branco Marinkovic, la ofensiva violenta se incrementó: fueron atacados, saqueados e incendiados locales de oficinas y servicios estatales. Destruidos mobiliarios y documentos públicos. Robados ordenadores, teléfonos y otros elementos de valor. Se consumaron agresiones contra los kollas, solo por el hecho de serlo. Vendedoras callejeras fueron acorraladas, golpeadas y humilladas. La policía, siguiendo instrucciones oficiales, no hizo uso de sus armas. En algunos casos personal policial fue desarmado y también apaleado. Los prefectos han dejado hacer, y esporádicamente han pedido calma, pero exigiendo a los violentos que sigan “vigilantes y activos”, lo que convierte el llamado en una mera tregua para seguir el vandalismo.

 Los saqueos en Santa Cruz afectaron a la empresa estatal ENTEL, la Caja Nacional de Salud, el Servicio Departamental de Educación, la Superintendencia Forestal y las oficinas de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano, entre otros edificios. También fueron atacados barrios populares, donde es casi generalizado el apoyo al gobierno de Evo Morales. Tal el caso del llamado Plan Tres Mil, donde un centenar de unionistas armados con palos y algunos con armas de fuego hostigaron a sus pobladores, quienes finalmente lograron rechazar los ataques. Allí resultó herido grave de bala Jaime Quispe Quiroga, de 19 años y poblador del barrio. En el Mercado campesino, otros grupos agredieron a las mujeres Kollas que defendieron sus puestos y su mercadería, mientras la policía se alejaba del lugar. Las mujeres denunciaron que los palos y las piedras utilizadas por los agresores llegaron al lugar en camiones de la Prefectura de Santa Cruz.

Pero también los escasos medios de prensa independientes o del servicio estatal fueron atacados. En San Ignacio, elementos de la Unión Juvenil Cruceñista que se movilizaban en vehículos de la prefectura y particulares, algunos con distintivo nazi en sus puertas, ingresaron con armas de fuego en la emisora Juan XXIII y el Canal 13 de TV propiedad de la diócesis. Allí amenazaron de muerte a los periodistas y técnicos y al propio obispo Monseñor Carlos Stteter, según informó Teresa Prada, responsable de la emisora.  En Montero, también Santa Cruz, otros “jóvenes” y “cívicos” obligaron a suspender sus emisiones a Radio Patria Nueva y al Canal 7 de la Televisión Boliviana. La prefectura ejercida por Costas, se ha convertido en un organismo totalitario que ha convertido a Santa Cruz en un territorio bajo el control de estos grupos violentos. En las pintadas en las calles de Santa Cruz, los agresores "cívicos" se autodefinen claramente; en algunas de ellas se puede leer: "Hitler mató judíos porque no conocía a los kollas". Todo este ejercicio de odio, racismo y violencia, se origina en la maquinaria propagandística de la Prefectura y de la mayoría de los medios de comunicación. Desde el momento mismo de la victoria electoral de Evo Morales, comenzaron el intento de socavar la legitimidad democrática de su gobierno, y a boicotearle en todos los frentes. Todo ello acompañado por las frases despectivas o los calificativos habituales de "indio de mierda" o "kolla analfabeto". Sobre este "trabajo" de manipulación de la opinión pública escribía recientemente una periodista cruceña, Betty Tejada:  "¿ Quien decidió reiventarnos a los cruceños clonando todo lo que queríamos enterrar en una Bolivia plagada de odios, mezquindades, vendettas entre patrones y esclavos? ¿ quién decidió convertirnos en lo que nunca queríamos ser con la simplista justificación de ‘ellos nos obligan’.  Hay que negarse a ser un clon de los odiadores  y   de los manipuladores. Hay que negarse  a aplaudir a la mujer torpe, agresiva, ofensiva, cínica e insensible con la vida, con las familias que insulta, pisotea, humilla a través de palabras y acciones dementes. Ese no es el ser cruceño. Nunca lo fue y nunca debe serlo."  Y continúa la directora del periódico "La Paraba":  " Nada, ni un solo paso es improvisado. Cada amenaza, cada ingenua postura "de los cruceños no tenemos la culpa", de "somos malos por culpa de ellos", o  "es que el pueblo reacciona así'; cada personaje oscuro que aparece del día a la noche como "analista", cada rematado analfabeto político, es una pieza del melodrama armado para succionar cualquier milímetro de materia gris que quede suelto."

LA EMBOSCADA EN EL PORVENIR

 La prensa privada y la mayoría de las agencias, definieron los sucesos ocurridos en la madrugada del jueves en Pando como "un enfrentamiento".  Algunos llegan a describir el episodio de una manera novelesca, imputando incluso a los campesinos que se desplazaban en un camión para participar de un plenario ampliado de sus organizaciones, haber sido los que iniciaron la agresión. El diario "El Deber" de Santa Cruz, por ejemplo, tituló "Baño de sangre" y seguidamente añade "la balacera entre oficialistas y opositores causó un saldo de 8 muertos y 39 heridos". "El Mundo", en portada, a toda página y con fondo negro y caracteres destacados: "Bolivia en las puertas de una guerra civil”. También en su crónica coincidía en mencionar lo sucedido como "enfrentamiento".  Nada más alejado de la verdad. Una campesina sobreviviente de la masacre y otros testigos, coinciden en afimar que la carretera estaba bloqueada con camiones de la Prefectura de Pando en la localidad de Tres Barracas, cerca de la población de El Porvenir. Allí el camión con los campesinos que se dirigían a su plenario en Cobija, tuvo que detenerse, momento en que fue ametrallado. "Hombres, mujeres y niños corrieron para salvar sus vidas, pero fueron inmediatamente acribillados, heridos o tomados por la fuerza para ser torturados", relata la campesina. Otro testigo confirma que la carretera estaba bloqueada, y tras los primeros disparos algunos campesinos escaparon hacia el río Tahuamanu , pero hasta allí los persiguieron y les dispararon cuando intentaban cruzar al otro lado". Varios cuerpos baleados fueron arrastrados por las aguas. Existe preocupación por la suerte corrida por el profesor Víctor Choque, de El Chivé, miembro de la Cooperativa Integral de Campesinos de Pando, a quien torturaron en el hospital, pero se cree que está con vida. La delegada gubernamental en Pando, afirma que según testigos, el número de campesinos muertos puede superar la veintena. Según informó la Red ERBOL, el senador de Unidad Nacional (UN), Abraham Cuellar, sostuvo que hay muchos más muertos y heridos en inmediaciones de El Porvenir, Filadelfia y otras regiones del lugar. El parlamentario aseguró que "hay más muertos en el monte, la selva y orillas de los ríos, porque los emboscadores ingresaron hasta las poblaciones para seguir persiguiendo a los campesinos". Agregó además que él mismo fue amenazado de muerte, e indicó que los grupos cívicos y funcionarios de la prefectura estarían recorriendo diferentes comunidades en búsqueda de dirigentes y concejales que no están en la línea de los autonomistas radicales para continuar la masacre.

UN FEUDO BAJO CONTROL OPOSITOR

 El departamento de Pando es gobernado por el prefecto opositor, Leopoldo Fernández.  Es uno de los que tiene la menor densidad demográfica en Bolivia, pero se beneficia con el ingreso per cápita más alto por recibir el 1% de las regalías petroleras, el 2% del  ( I.D.H.)  Impuesto Directo a los Hidrocarburos y otros porcentajes para sus municipios. La administración pública departamental y municipal tienen más dinero que nunca en su historia, pero hay indicios de que parte de estos ingresos han sido malversados y se sospecha que también han sido desviados a cuentas personales. Fernández ejerce como caudillo, apoyado en la prebenda política, favores, la demagogia, y el miedo. En el reciente referéndum revocatorio obtuvo a su favor aproximadamente el 50 % de los votos, al igual que el presidente Evo Morales.  Pero la mayoría de su apoyo fue en la capital, mientras que Evo ganó ampliamente en la zona rural. ( Algo similar a lo que sucedió en Beni, Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija ).  Se deduce que la "radicalidad" del Prefecto y la utilización de la violencia, es la respuesta a las organizaciones sociales que se han atrevido a desafiar este poder tradicional y a sus estructuras de control. Un documento recibido por SERPAL, indica que en Pando, "el miedo a perder los privilegios, está siendo combatido con el racismo, la intolerancia, la mentira, la violencia psicológica y ahora física. Ya el 2006 incendiaron el domicilio de un Senador pandino, del partido derechista UN. Hace menos de un mes, contrabandistas -se sospecha además ligados al narcotráfico- desafiaron la autoridad de la Aduana, desarmaron y humillaron a militares de la naval para consumar su delito... y el Prefecto, la Fiscalía, menos el Comité Cívico, nada dijeron"

El FOBADE, Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo, recuerda que los campesinos e indígenas de esa zona rural, llevan decenas de años "en una situación de servidumbre en la extracción en muchos casos ilegal de goma y castaña, bajo el yugo de barraqueros, autoridades prefecturales y mafias brasileñas, peruanas y bolivianas. El tráfico de droga, madera y lavado de dinero, van de la mano de la violencia con la que se somete a los pueblos diezmados desde hace más de un siglo en la explotación del caucho." El sistema de contratación es el enganche y el trabajo a destajo, con una paga en especie a costos elevados. El documento  de la FOBADE expresa en sus párrafos finales: "El gobierno boliviano ha decretado 24 horas de duelo nacional, pero los heridos siguen en la selva o en el río, sin ambulancias o vehículos que los auxilien. Ni la Cruz Roja, ni el Defensor del Pueblo, ni el párroco de Pando se hicieron presentes en el lugar de los hechos; nadie se atreve a prestar ayuda, los dirigentes están amenazados, aparecerán como muertos de la mafia brasileña, si aparecen. Es hora de acciones nacionales desde todas las organizaciones del Estado, gobierno y sociedad. Legales, militares, policiales, de comunicación, denuncia internacional, expresiones de solidaridad y movilizaciones: Las responsables de la barbaridad deben ser juzgados y sancionados a nivel nacional e internacional. Para los pueblos de Pando es imprescindible terminar con este doloroso e infinito luto."

Por su  parte, Pablo Cingolani, en un artículo titulado "Basta de genocidio en la Amazonía Boliviana" nos recuerda que la masacre de campesinos ocurrida en El Porvenir y lo que sigue sucediendo en el departamento amazónico boliviano de Pando no es más que la continuidad del genocidio que vienen sufriendo los pueblos de la selva sin que nadie haga nada efectivo para detenerlo. Y relata luego que "como una ironía del destino, ayer, las bandas de sicarios asesinaron, entre otros, a Bernardino Racua. Bernardino era un dirigente campesino cuyo único pecado era buscar paz y mejores días para los suyos. Lo que hace aún más intolerable el crimen es que el bisabuelo de Bernandino fue don Bruno Racua, héroe nacional, el flechero takana que desequilibró y permitió la victoria boliviana en la Batalla de Bahía, aquel 11 de octubre de 1902. Gracias a Bruno Racua, se aseguró la soberanía nacional en el Río Acre y hoy existe el Departamento de Pando. Ayer, su biznieto fue asesinado a balazos porque aquellos que se creen dueños del mismo departamento al cual don Bruno con sus flechas contribuyó a su forja. Esperemos que esa sangre no sea derramada en vano. La de Bernardino y la de todas las víctimas de esta furia genocida que nos hoy enluta. Urge actuar, es imperioso hacerlo, porque a la vez que la cifra de muertos sigue creciendo, son decenas de compañeros dirigentes campesinos los que están siendo amenazados y pueden correr la misma suerte."

PANDO BAJO ESTADO DE SITIO

 Hace unas horas, se anunció la decisión gubernamental de declarar el Estado de Sitio en el departamento de Pando, con el propósito de restablecer el orden. Poco anteshabía trascendido que dirigentes campesinos y del MAS habían decidido pasar a formas de clandestinidad, para evitar ser víctimas de los grupos de choque y sicarios que campaban a su antojo por las calles de Cobija y otras ciudades, a la vista y tolerancia de la Prefectura local y de sus autoridades. Incluso temía por su vida la delegada del gobierno en Pando.

 Una de las primeras acciones tomadas por el gobierno en relación con la medida, fue el envío de una fuerza militar a Cobija para recuperar el aeropuerto Aníbal Arab, tomado y bloqueado por los grupos de choque de la prefectura y opositores al gobierno. El despeje encontró resistencia por parte de núcleos armados que abrieron fuego sobre los militares.

Según testimonios, estos grupos llegaron a disparar con ametralladoras contra un avión Hércules que aterrizó en la pista de ese aeropuerto llevando militares.

LOS OCUPANTES ASESINARON A UN SOLDADO

 Finalmente, los ocupantes fueron desalojados. El choque armado dejó un saldo de varios heridos. El diario "Jornada", afirma que un soldado del Sexto Distrito Naval de Cobija fue asesinado por grupos de choque vinculados a la Prefectura de Pando cuando el militar participaba de la retoma del aeropuerto. Otra fuente, "La Razón" del grupo español Prisa,  identifica a la víctima como  Ramiro Tiñiñi Alvarado, de 18 años, que según Defensa, pertenecía al Batallón de Ingeniería 7, columna Porvenir. Un médico informó que el joven militar llegó muerto al hospital con una herida de bala en la espalda. Fuentes militares indicaron que había gente con ametralladoras y armas de guerra en la zona, y señalaron la presencia de sicarios brasileños.  Tras la retoma del aeropuerto, comenzó con maquinarias el despeje de piedras y ramas de las pistas.

NUEVO INTENTO DE DIÁLOGO

 Ante la gravedad de los acontecimientos sucedidos esta semana en Santa Cruz, en Tarija y la masacre del jueves en Pando, el gobierno convocó un nuevo intento de diálogo

“sin condiciones ni imposiciones”. Los prefectos delegaron ese contacto para sentar las bases y la agenda de un diálogo en su homólogo de Tarija, Mario Cossío. A su llegada a La Paz, la policía debió despejar la Plaza Murillo de manifestantes partidarios de Evo que se expresaban contra Cossío y los demás prefectos opositores.

La reunión se prolongó durante la madrugada del sábado y al parecer, hay coincidencias como para seguir hablando en las próximas horas. El prefecto Cossío informará de lo conversado a sus iguales de Beni, Santa Cruz y Pando. "Hemos cumplido con el objetivo de apertura y ojala en las próximas horas se convierta en un proceso de diálogo sostenido, que concluya en un acuerdo para resolver los problemas en el marco de una reconciliación nacional", agregó el prefecto. Por su parte el viceministro de Descentralización Fabián Yacsik en nombre del gobierno, afirmó que en el encuentro se fijaron bases para iniciar el diálogo. "Hubo coincidencias y esperamos restablecer la tranquilidad en el país", añadió.

RESPALDO LATINOAMERICANO

 Los sucesos de Bolivia conmocionan y preocupan a los vecinos latinoamericanos. Diversos gobiernos, entre ellos los de Venezuela, Argentina, Chile, Nicaragua, Ecuador, Brasil y Paraguay se pronunciaron en apoyo a la vigencia de la democracia y la constitucionalidad en Bolivia, respaldando a Evo Morales y rechazando la violencia ejercida en departamentos del interior. Incluso el presidente de Colombia, Alvaro Uribe, incondicional aliado del gobierno norteamericano en el continente y alejado políticamente de los países de su entorno, fijó una posición similar de apoyo al gobierno boliviano.  El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, decidió suspender la prevista acreditación en Tegucigalpa del nuevo embajador de los Estados Unidos, Hugo Llorens. Zelaya explicó su decisión como una acción solidaria con Bolivia y su gobierno constitucional.

En el caso de Venezuela, el presidente Hugo Chávez lo hizo de forma categórica, incluyendo la expulsión del embajador norteamericano en Caracas, como expresión de solidaridad con Bolivia.  Horas antes el presidente Evo Morales había anunciado que daba un plazo de 72 horas para que abandonara el país Philip Goldberg, el embajador de los Estados Unidos en La Paz, un "experto" en "balcanización" de países que estuvo destacado en Bosnia y en Kosovo. La expulsión quizás fue tardía, pues el diplomático norteamericano había sido advertido ya en seis oportunidades por sus evidentes ingerencias.  También anunció Chávez su decisión de actuar incluso militarmente en Bolivia en el caso de que se intentara derrocar a Evo Morales por la fuerza. Una advertencia que en la práctica perjudica más que ayuda al presidente boliviano. Entre otras cosas porque el comandante de las Fuerzas Armadas, Gral. Luis Trigo se vio obligado a las pocas horas a salir al cruce de esa afirmación, y dirigiéndose al presidente Chávez y a al comunidad internacional advirtió que las FFAA de Bolivia rechazan intromisiones vengan de donde vengan y que "no permitirán que ningún militar o fuerza extranjera pise el territorio nacional". Añadió que "rechazaban la intromisión en asuntos que son de exclusiva competencia nacional".  Pero el comandante, vistiendo uniforme de campaña y con la presencia a su lado de las fuerzas Naval y Aérea,  también lanzó un claro mensaje para los violentos:  "advertimos -dijo - que no vamos a tolerar más el accionar de grupos radicales violentos que sólo están buscando el enfrentamiento a los bolivianos provocando dolor y luto".  Añadió que " las tareas de las FFAA están enmarcadas en el artículo 208 de la Constitución Política del Estado y en cumplimiento a ello vamos a garantizar el patrimonio de la Nación, el funcionamiento del aparato estatal y de los servicios públicos, así como la conservación de los recursos estratégicos".  

REUNIÓN EN SANTIAGO DE CHILE

 La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, confirmó el anuncio formulado por el presidente de Venezuela sobre la convocatoria de una reunión urgente de los países del UNASUR, bloque conformado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Bachelet, que ocupa actualmente el cargo rotatorio de presidenta de la Unión de Naciones Sudamericanas, dijo que estaba convocando a los presidentes para una reunión de emergencia a celebrarse el próximo lunes en Santiago para analizar la situación de Bolivia y a buscar garantías para el proceso democrático, la estabilidad y la paz en ese país.

UNA DE LAS CLAVES

 Como sucede con muchas de las confrontaciones políticas en América Latina, la disputa por la tierra es el trasfondo de la revuelta separatista con epicentro en Santa Cruz.

Los pueblos indígenas y campesinos procuran recuperar las tierras que pertenecieron a sus ancestros, y de las cuales fueron despojados durante la Conquista. Esas tierras, vitales para su desarrollo, se repartieron luego de forma arbitraria entre los distintos grupos de poder.  Ahora, estos territorios convertidos en muchos casos en latifundios son lo que defiende la burguesía terrateniente de Santa Cruz.  Apuntemos algunos datos: según el INRA, el Instituto Nacional de la Reforma Agraria, a partir de 1952, cuando la revolución nacionalista, se repartieron casi 36 millones de hectáreas. El 38% de los beneficiarios, recibieron  el 6,3% de la tierra distribuida.  El 15,3 por ciento de los beneficiarios recibieron el 20,5% de la superficie. Otro 22% consolidó derechos colectivos sobre el 17,4% de la superficie. Pero en el poco equitativo reparto, 11.140 grandes empresarios agropecuarios, que representan sólo el 7,7% de los beneficiarios, se apropiaron de casi 19 millones de hectáreas, o sea del 52,6% de la tierra cruceña distribuida en los últimos 50 años.

Se estima además, que sólo 246 empresarios poseen haciendas de entre 10 mil y 20 mil hectáreas. Apenas 20 terratenientes tienen cada uno entre 20 mil y 50 mil hectáreas. Los cuatro más ricos entre los ricos son dueños de latifundios de más de 50 mil hectáreas.En muchas de estas grandes fincas trabajan familias indígenas en condiciones de servidumbre.  La Comisión de Derechos Humanos de la OEA y la Organización Internacional del Trabajo han constatado que en muchas de estas propiedades, los empleados no tienen derechos laborales elementales, y trabajan en condiciones equiparables a las de esclavitud, dándose el caso de que los hijos heredan la "deuda laboral" contraída por sus padres, perpetuando la explotación.  La Constitución Política del Estado aprobada por la Constituyente en Sucre y que el gobierno quiere llevar a referéndum para su aprobación definitiva, contiene artículos que se refieren a estas condiciones sociales. Y también quiere proponer que se vote la máxima extensión territorial que puede tener una propiedad privada.

LO QUE VENDRÁ

La situación en Bolivia llega a un punto sin retorno. La oposición parece haber descartado los procedimientos democráticos. Prueba de ello es que se opone a la realización de un referéndum sobre la nueva Constitución, sea la convocatoria por decreto presidencial o por decisión del Parlamento. Tras su estrepitoso fracaso con el revocatorio, que se transformó en una victoria espectacular de Evo Morales y García Linera, no quieren oír hablar de consultas democráticas. Pero también es cierto que su importante poder territorial, estructural y económico, no es suficiente para vencer a un gobierno que cuenta con el respaldo de dos de cada tres bolivianos. Y que ese apoyo tiene raíces en las organizaciones populares que ya tuvieron coraje suficiente para aguantar represiones violentas y voltear gobiernos neoliberales que entregaron recursos y patrimonio. Se respalda en movimientos indígenas que recuperan dignidad y derechos y no están dispuestos a retroceder. Y que además, en la medida que pasan las horas, va consiguiendo un amplio respaldo internacional. 

 La calma y la paciencia del gobierno ante la violencia y las ilegalidades ha sido criticada desde las propias filas del MAS y de los movimientos sociales. Ha sido riesgosa y ha significado que los grupos de vándalos y los núcleos fascistas ganaran espacio e impunidad. Se han perdido vidas y se han destruido bienes que son de todos los bolivianos. Pero en este delicado proceso, los presuntos "autonomistas" han quedado en evidencia para todos aquellos que quieran verlo. Sus argumentos se reducen a proclamas y acciones racistas, excluyentes y que solo velan por sus propios intereses. Su verdadera bandera es el egoísmo y la ambición de poder. Su objetivo frenar cualquier tipo de cambio que intente equilibrar desigualdades y corregir viejas injusticias sociales.

 El futuro del  pueblo boliviano, y seguramente de otros países de América Latina, en especial aquellos de la región andina con importante población indígena y campesina, se definirá según la evolución del proceso en las próximas horas, o en los días que vienen. Confiemos en que el egoísmo y la insensatez de quienes solo han sabido hacer una oposición sistemática, y ahora emplear la violencia, no siga un camino que llevaría a una inevitable confrontación social, abierta e imprevisible.