PROYECTO DE FISCALIZACIÓN DEPARTAMENTAL

TeleSUR _ 20/11/06 - 11:25 CCS
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Prefectos de seis departamentos rechazaron el anteproyecto de Ley presentado este lunes por el presidente Evo Morales ante el Senado, aseguran que el gobierno pretende someter a las autoridades a una fiscalización que podría ocasionar su censura y posterior remoción.
En Bolivia, el presidente Evo Morales presentó este lunes ante la Cámara alta del Parlamento el anteproyecto de Ley de Fiscalización a los Prefectos Departamentales, que, de ser aprobado, facultará al Congreso para supervisar que los recursos destinados a los departamentos sean invertidos para el beneficio de la población.
Según el reporte del corresponsal de TeleSUR en Bolivia, Fredy Morales, el gobierno boliviano manifestó estar preocuapdo porque las inversiones de este año , que fundamentalmente se concentra el los gobiernos departamentales, se estiman que no superarán el 50 por ciento, cuando, gracias a las medidas que ha adoptado el gobierno del presidente Evo Morales, especialmente en el último año con la ley de nacionalización de hidrocarburos, han triplicado prácticamente los ingresos económicos para las prefecturas.
El mandatario boliviano explicó que con la medida, el gobierno pretende ejercer un mayor control sobre los recursos provenientes fundamentalmente de la explotacion de los hidrocarburos, y manifestó sus expectativas de que el anteproyecto sea refrendado en el Senado.
“Esperamos este anteproyecto de ley pueda ser rapidamente aprobado en el Congreso Nacional, por eso el poder Ejecutivo para salvar una responsabilidad histórica y para que nuestros prefectos no sean falsamente acusados, calumniados, porque a veces tambien vienen las calumnias, y que mejor que la fiscalizacion de las autoridades correspondientes”, expresó Morales.
Recursos en aumento
El Primer Mandatario destacó que antes de la modificación de la Ley de Hidrocarburos, por ejemplo, el departamento de Santa Cruz el 2004 recibía 489 millones de bolivianos, después de la modificación de la Ley de Hidrocarburos el 2005 recibió 587 millones de bolivianos, gracias a los primeros frutos de la nacionalización, el 2006 recibe 742 millones de bolivianos y una vez que este proceso se consolide el 2007, recibirá 946 millones de bolivianos
Anotó que Pando el año 2004 recibía 83 millones de bolivianos, después el 2005, llegó a 173 millones de bolivianos, el 2006 recibió 278 millones de bolivianos y el próximo año recibirá 390 millones de bolivianos.
Evo Morales, dijo que el primer departamento productor de gas es Tarija, en 2004, antes de la modificación de la Ley de Hidrocarburos recibía 676 millones de bolivianos, después de la ley el 2005 recibió 1.268 millones de bolivianos. Con los primeros frutos de la nacionalización recibe 1.979 millones de bolivianos y el próximo año recibirá 2.490 millones de bolivianos.
"Si esos son los ingresos para los departamentos y se han incrementado tremendamente los ingresos económicos, pues estos recursos tienen que ser bien utilizados bajo el control, incluso de los movimientos sociales, porque éste incremento, es gracias a la lucha de las movilizaciones sociales, marchas, vidas, que se han perdido para la modificación de la Ley de Hidrocarburos", anotó.
“Acabar con la corrupción”
Entre tanto, para el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, este anteproyecto es una contribución para acabar con la corrupción. Agregó que la medida también es una forma para que los los prefectos rindan cuentas ante la primera autoridad del Estado boliviano, el Congreso Nacional.
"Los ministros van al Congreso y rinden cuentas ante el Congreso, (...) por qué no los prefectos, elegidos democráticamente, ellos también (...) tendrán que rendir sus cuentas ante el Congreso, que es el primer poder del Estado”, fustigó.
García Linera, destacó la importancia de la fiscalización ya que, “las Prefecturas se han convertido en los principales administradores de recursos del Estado, cerca del 40 porciento de la inversión pública viene por lado de las prefecturas, sus prefectos son elegidos por voto directo y universal democráticamente, y porsupuesto eso obliga a la estructura del Estado asignar nuevos mecanismos de control y de transparentacion de sus actividades ejecutivas”, señaló.
Felicitó además al presidente Morales, ante lo que calificó como “un avance en el proceso de la autonomía” y aseguró que “en un día o dos” el anteproyecto estará en la comisión correspondiente del Senado para su abordaje.
Fredy Morales, informó por su parte que el impuesto a las transnacionales petroleras en Bolivia ha subido de 18 por ciento, a 82 por ciento, lo que ha triplicado los ingresos de las prefecturas, sin embargo, éstas no realizan inversiones.
Seis prefecturas rechazan la iniciativa, argumenta que el Congreso Nacional, en este caso la Cámara de senadores no pueden controlarlos porque ellos fueron elegidos por voto directo, el pasado 18 de diciembre, y por primera vez en la historia de Bolivia, pues antes de eso, los prefectos eran elegidos por el Presidente de la República, sin ninguna consulta popular.
En tanto la Asamblea Constituyente defina las nuevas atribucuiones de los prefectos elegidos por voto directo, el presidente Morales ha decidido impulsar este control desde el Congreso para garantizar que las prefecturas hagan las inversiones previstas.
Prefectos de oposición rechazan fiscalización en los departamentos
Los prefectos (gobernadores) de Santa Cruz, Beni, La Paz, Cochabamba, Pando y Tarija cuestionaron el proyecto de Ley de Fiscalización, auspiciado por el gobierno boliviano, que, según los gobernantes opositores, pretende someter a las autoridades a una fiscalización que podría ocasionar su censura y posterior remoción.
''Es una iniciativa que a título de promover la fiscalización de los prefectos busca poner las cabezas de estas autoridades electas democráticamente en manos de la mayoría que detenta el partido de gobierno (MAS) en el Congreso'', afirma el comunicado.
Sin embargo, el viceministro de Descentralización boliviano, Fabián Yaksic, explicó que el proyecto de ley sólo busca llenar un vacío jurídico que hay en la fiscalización estatal del manejo público en las prefecturas.
Yaksic, quien enviará el proyecto de ley entre este lunes y martes al Poder Legislativo, descartó que detrás de la medida se encuentren supuestas intenciones ocultas de atentar en contra de la legitimidad de los prefectos electos por voto popular.
Ese proyecto de Ley de Fiscalización a los Prefectos Departamentales, es una ley que faculta al Congreso para fiscalizar la gestión de los prefectos y así garantizar el control social de las autoridades departamentales, según esplicó este lunes el viceministro de Descentralización.
Sobre el tema, el propio presidente Evo Morales solicitó que las autoridades locales, entre ellas prefectos, alcaldes y otros funcionarios, se sometan al control de la sociedad y dejen de ser inmunes a la observación crítica del pueblo.
En una intervención en los actos por el 164 aniversario de Beni, Morales dijo que la fiscalización de la labor de los prefectos es una responsabilidad institucional, pues ninguna autoridad nacional puede estar exenta del control del Estado y del pueblo.
El mandatario subrayó que ni su propia condición lo exime de la observación de sus actos por las instituciones facultadas por la ley.
Acciones de protesta
Los seis prefectos también rechazaron, a través de un comunicado, el sistema de votación aprobado el viernes por la mayoría de los parlamentarios de la Asamblea Constituyente, que permitirá la redacción de la nueva Carta Magna.
''El país observa con preocupación la conducta del Gobierno nacional que lleva el sello de la prepotencia política, la burla de las leyes de la República y un profundo sentido antidemocrático (...) al haber impuesto con su mayoría la aprobación de un reglamento de debates para la Asamblea Constituyente'', señala el texto.
Recurrir a la justicia, abandonar los debates en el foro de la Asamblea Constituyente o instalar uno paralelo, serán algunas de las acciones que esta semana caomenzarán a llevar a cabo las fuerzas opositoras en el Parlamento de Bolivia.
El portavoz del opositor Poder Democrático y Social (Podemos), José Antonio Aruquipa, informó que este lunes o martes se reunirán el grupo parlamentario y el jefe del partido, el ex candidato presidencial Jorge Quiroga, para ''determinar las acciones'' que asumirán.
Aruquipa adelantó que un equipo de abogados ''estudia todas las acciones legales para presentarlas ante el Tribunal Constitucional, que felizmente ha reconocido las facultades de los constituyentes para presentar demandas contra las reformas de la nueva Constitución''.
Según el constituyente, Podemos está estudiando todas las opciones necesarias que le permitan reaccionar ante lo que consideran un ''atentado contra la democracia''.
Sin embargo, aclaró que ''por el momento la posición de Podemos es mantenerse en la Asamblea y asumir de manera conjunta y orgánica cualquier decisión'', puntualizó Aruquipa.
En otras acciones, la oposición continuará con la huelga de hambre iniciada desde el pasado miércoles por unos 20 militantes del partido Unidad Nacional (UN), que tiene 8 escaños en la Asamblea, según informó el jefe y constituyente del partido, Samuel Doria Medina, en declaraciones a la radio local, en las que instó a otros seguidores a sumarse a la protesta.
El diputado oficialista José Pimentel señaló este lunes que la huelga de los constituyentes de UN sólo busca protagonismo político con el justificativo de preservar el respeto a las leyes.
Sostuvo que los dos tercios serán usados para la aprobación final de la Carta Magna porque ''discutir cada uno de los artículos por dos tercios simplemente trabaría y frustraría el proceso de cambio que exige el pueblo boliviano''.
Entre tanto, Gustavo Torrico, tambien constituyente del MAS, criticó la actitud de Medina. ''Unidad Nacional lo que está haciendo es protagonismo, se perdieron en la elección nacional, se volvieron a perder en la elección de candidatos, su máximo exponente que es Samuel Doria Medina no tiene lógica política, ni visión política'', fustigó.
Por su parte, el también opositor Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), que controla 18 asientos en la Asamblea, pidió formalmente a la directiva de la Constituyente, que se rectifique la decisión para buscar un acuerdo.
La mayoría de la Asamblea Constituyente de Bolivia, representada por el Movimiento Al Socialismo (MAS) del presidente, Evo Morales, que tiene 137 de los 255 escaños en el Parlamento, aprobó el viernes pasado la fórmula de votación por mayoría absoluta (128 votos) en lugar de los dos tercios (170) en el reglamento de debates, que permitirá la redacción de la nueva Constitución.
La medida ha generado el descontento en las fuerzas opositoras, quienes ahora han emprendido una serie de acciones que buscan revertir la aprobación del reglamento de debates.
Tras la aprobación del nuevo reglamento, retrasada por varios meses, la Asamblea tiene plazo hasta agosto de 2007 para redactar la nueva Constitución que pretende darle un nuevo rumbo económico y social al país andino.
La directiva de la Asamblea Constituyente decidió suspender durante la esta semana, por lo que continuarán las sesiones el próximo lunes 27.
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