Por Eduardo Galeano

Página 12.   8 de Mayo 2009

Quiero compartir algunas preguntas, moscas que me zumban en la cabeza. ¿Es justa la justicia?¿Está parada sobre sus pies la justicia del mundo al revés? El zapatista de Irak, el que arrojó los zapatazos contra Bush, fue condenado a tres años de cárcel. ¿No merecía, más bien, una condecoración?

¿Quién es el terrorista? ¿El zapatista o el zapateado? ¿No es culpable de terrorismo el serial killer que mintiendo inventó la guerra de Irak, asesinó a un gentío y legalizó la tortura y mandó aplicarla?

¿Son culpables los pobladores de Atenco, en México, o los indígenas mapuches de Chile, o los kekchíes de Guatemala, o los campesinos sin tierra de Brasil, acusados todos de terrorismo por defender su derecho a la tierra? Si sagrada es la tierra, aunque la ley no lo diga, ¿no son sagrados, también, quienes la defienden?

Según la revista Foreign Policy, Somalia es el lugar más peligroso de todos. Pero, ¿quiénes son los piratas? ¿Los muertos de hambre que asaltan barcos o los especuladores de Wall Street, que llevan años asaltando el mundo y ahora reciben multimillonarias recompensas por sus afanes?

¿Por qué el mundo premia a quienes lo desvalijan?

¿Por qué la justicia es ciega de un solo ojo? Wal Mart, la empresa más poderosa de todas, prohíbe los sindicatos. McDonald’s, también. ¿Por qué estas empresas violan, con delincuente impunidad, la ley internacional? ¿Será porque en el mundo de nuestro tiempo el trabajo vale menos que la basura y menos todavía valen los derechos de los trabajadores?

¿Quiénes son los justos y quiénes los injustos? Si la justicia internacional de veras existe, ¿por qué nunca juzga a los poderosos? No van presos los autores de las más feroces carnicerías. ¿Será porque son ellos quienes tienen las llaves de las cárceles?

¿Por qué son intocables las cinco potencias que tienen derecho de veto en las Naciones Unidas? ¿Ese derecho tiene origen divino? ¿Velan por la paz los que hacen el negocio de la guerra? ¿Es justo que la paz mundial esté a cargo de las cinco potencias que son las principales productoras de armas? Sin despreciar a los narcotraficantes, ¿no es éste también un caso de “crimen organizado”?

Pero no demandan castigo contra los amos del mundo los clamores de quienes exigen, en todas partes, la pena de muerte. Faltaba más. Los clamores claman contra los asesinos que usan navajas, no contra los que usan misiles.

Y uno se pregunta: ya que esos justicieros están tan locos de ganas de matar, ¿por qué no exigen la pena de muerte contra la injusticia social? ¿Es justo un mundo que cada minuto destina tres millones de dólares a los gastos militares, mientras cada minuto mueren quince niños por hambre o enfermedad curable? ¿Contra quién se arma, hasta los dientes, la llamada comunidad internacional? ¿Contra la pobreza o contra los pobres?

¿Por qué los fervorosos de la pena capital no exigen la pena de muerte contra los valores de la sociedad de consumo, que cotidianamente atentan contra la seguridad pública? ¿O acaso no invita al crimen el bombardeo de la publicidad que aturde a millones y millones de jóvenes desempleados, o mal pagados, repitiéndoles noche y día que ser es tener, tener un automóvil, tener zapatos de marca, tener, tener, y quien no tiene, no es?

¿Y por qué no se implanta la pena de muerte contra la muerte? El mundo está organizado al servicio de la muerte. ¿O no fabrica muerte la industria militar, que devora la mayor parte de nuestros recursos y buena parte de nuestras energías? Los amos del mundo sólo condenan la violencia cuando la ejercen otros. Y este monopolio de la violencia se traduce en un hecho inexplicable para los extraterrestres, y también insoportable para los terrestres que todavía queremos, contra toda evidencia, sobrevivir: los humanos somos los únicos animales especializados en el exterminio mutuo, y hemos desarrollado una tecnología de la destrucción que está aniquilando, de paso, al planeta y a todos sus habitantes.

Esa tecnología se alimenta del miedo. Es el miedo quien fabrica los enemigos que justifican el derroche militar y policial. Y en tren de implantar la pena de muerte, ¿qué tal si condenamos a muerte al miedo? ¿No sería sano acabar con esta dictadura universal de los asustadores profesionales?

Los sembradores de pánicos nos condenan a la soledad, nos prohíben la solidaridad: sálvese quien pueda, aplastaos los unos a los otros, el prójimo es siempre un peligro que acecha, ojo, mucho cuidado, éste te robará, aquél te violará, ese cochecito de bebé esconde una bomba musulmana y si esa mujer te mira, esa vecina de aspecto inocente, es seguro que te contagia la peste porcina.

En el mundo al revés, dan miedo hasta los más elementales actos de justicia y sentido común. Cuando el presidente Evo Morales inició la refundación de Bolivia, para que este país de mayoría indígena dejara de tener vergüenza de mirarse al espejo, provocó pánico. Este desafío era catastrófico desde el punto de vista del orden racista tradicional, que decía ser el único orden posible: Evo era, traía el caos y la violencia, y por su culpa la unidad nacional iba a estallar, rota en pedazos.

Y cuando el presidente ecuatoriano Correa anunció que se negaba a pagar las deudas no legítimas, la noticia produjo terror en el mundo financiero y el Ecuador fue amenazado con terribles castigos, por estar dando tan mal ejemplo.

Si las dictaduras militares y los políticos ladrones han sido siempre mimados por la banca internacional, ¿no nos hemos acostumbrado ya a aceptar como fatalidad del destino que el pueblo pague el garrote que lo golpea y la codicia que lo saquea?

Pero, ¿será que han sido divorciados para siempre jamás el sentido común y la justicia?

¿No nacieron para caminar juntos, bien pegaditos, el sentido común y la justicia?

¿No es de sentido común, y también de justicia, ese lema de las feministas que dicen que si nosotros, los machos, quedáramos embarazados, el aborto sería libre? ¿Por qué no se legaliza el derecho al aborto? ¿Será porque entonces dejaría de ser el privilegio de las mujeres que pueden pagarlo y de los médicos que pueden cobrarlo?

Lo mismo ocurre con otro escandaloso caso de negación de la justicia y el sentido común: ¿por qué no se legaliza la droga? ¿Acaso no es, como el aborto, un tema de salud pública? Y el país que más drogadictos contiene, ¿qué autoridad moral tiene para condenar a quienes abastecen su demanda? ¿Y por qué los grandes medios de comunicación, tan consagrados a la guerra contra el flagelo de la droga, jamás dicen que proviene de Afganistán casi toda la heroína que se consume en el mundo? ¿Quién manda en Afganistán? ¿No es ese un país militarmente ocupado por el mesiánico país que se atribuye la misión de salvarnos a todos?

¿Por qué no se legalizan las drogas de una buena vez? ¿No será porque brindan el mejor pretexto para las invasiones militares, además de brindar las más jugosas ganancias a los grandes bancos que en las noches trabajan como lavanderías?

Ahora el mundo está triste porque se venden menos autos. Una de las consecuencias de la crisis mundial es la caída de la próspera industria del automóvil. Si tuviéramos algún resto de sentido común, y alguito de sentido de la justicia ¿no tendríamos que celebrar esa buena noticia? ¿O acaso la disminución de los automóviles no es una buena noticia, desde el punto de vista de la naturaleza, que estará un poquito menos envenenada, y de los peatones, que morirán un poquito menos?

Según Lewis Carroll, la Reina explicó a Alicia cómo funciona la justicia en el país de las maravillas:

–Ahí lo tienes –dijo la Reina–. Está encerrado en la cárcel, cumpliendo su condena; pero el juicio no empezará hasta el próximo miércoles. Y por supuesto, el crimen será cometido al final.

En El Salvador, el arzobispo Oscar Arnulfo Romero comprobó que la justicia, como la serpiente, sólo muerde a los descalzos. El murió a balazos, por denunciar que en su país los descalzos nacían de antemano condenados, por delito de nacimiento.

El resultado de las recientes elecciones en El Salvador, ¿no es de alguna manera un homenaje? ¿Un homenaje al arzobispo Romero y a los miles que como él murieron luchando por una justicia justa en el reino de la injusticia?

A veces terminan mal las historias de la Historia; pero ella, la Historia, no termina. Cuando dice adiós, dice hasta luego.

“Del acceso a la información y del conocimiento

a la participación activa:

200 años, un fuego que no se apaga”

8, 9, 10 DE JULIO 2009 / LA PAZ - BOLIVIA

El Colegio de Profesionales en Ciencias de la Información de Bolivia (CPCIB), convoca al Quinto Congreso Internacional de Bibliotecología, Documentación y Archivística (CIBDA 2009), “Del acceso a la información y del conocimiento a la participación activa: 200 años libres, un fuego que no se apaga”

OBJETIVO:

La Quinta reunión internacional busca compartir vivencias en un marco de reflexión, debate e intercambio de experiencias en la temática de la gestión del conocimiento, pretendiendo alcanzar entre los participantes una visión integral y global del tema, en relación a distintas teorías, tendencias, enfoques, lecciones aprendidas y metodologías de los sectores de la sociedad civil, las instituciones públicas, privadas y de la cooperación internacional del estado de  situación nacional e internacional.

METODOLOGÍA:

La forma de trabajo será  desarrollada mediante conferencias e invitados especialistas en los diferentes temas y participantes  que expondrán sus ponencias de acuerdo a grupos temáticos definidos. El tiempo de exposición será de 20 minutos y 5 minutos para preguntas.

EJES TEMÁTICOS:

1. Del acceso a la información y del conocimiento a la participación activa.

2. Las Nuevas Tecnologías de la Información y nuevos roles y servicios.

3. Gestión y acceso participativo en las bibliotecas y centros de documentación

4. Gestión y acceso participativo en los archivos y museos.

PARTICIPANTES:

El evento esta abierto a todas las personas bolivianas y extranjeras, trabajadores de la información, bibliotecólogos, documentalistas, archivistas, museólogos, investigadores, docentes, estudiantes y otros actores del área que tengan interés en participar y debatir.

PONENCIAS:

Los interesados podrán participar con ponencias individuales o colectivas que deberán ser presentadas hasta el 7 de junio de 2009, a la siguiente dirección electrónica: waldoespinar@yahoo.es.

Las ponencias deberán enviarse cumpliendo  con  el siguiente formato: Extensión 7 páginas mínimo y 12 páginas máximo. Incluye el título, resumen de 10 líneas y bibliografía, con 1,5 de espacio interlineal en Times New Roman de 12 pt.

LUGAR Y FECHA:

El evento se llevara a cabo en el Hotel Europa de la ciudad de La Paz, los días 8, 9 y 10 de julio de 2009.

INSCRIPCIÓN:

Los participantes nacionales podrán inscribirse depositando el monto correspondiente a la cuenta Nº 4023015252 del Banco Mercantil Santa Cruz (en todo el país), el comprobante deberá ser presentado el primer día del evento.

Los participantes extranjeros podrán confirmar y reservar su participación al correo electrónico waldoespinar@yahoo.es  y cpcib@hotmail.com

Se recibirán inscripciones el primer día del evento, de acuerdo al cupo de participantes.

CERTIFICADOS:

Se entregaran certificados de asistencia a los y las participantes al finalizar el Congreso.

EVENTO PRE-CONGRESO 7 DE JULIO:

Seminario – Taller: El Archivo fílmico y su rol en la preservación de la memoria contemporánea.

Experto  : Alejandro Villegas.

Auditorio: Fundación Cinemateca Boliviana - Archivo Fílmico.

Horas     : 15:00 – 19:00

PARA MAYOR INFORMACIÓN

Waldo Espinar - teléfono (591)719-60296 – E-mail - waldoespinar@yahoo.es

ORGANIZA

Colegio de Profesionales en Ciencias de la Información de Bolivia  (CPCIB)

Edificio “El Alcazar” Calle Federico Suazo esquina Batallón Colorados

Planta Baja, Oficina Nº 22 - Teléfono (591-2) 2311449

Horario de atención:

Lunes - miércoles - viernes de 9:00 - 12:00 a.m.

Martes - jueves de 15:00 - 18:30 p.m.

cpcib@hotmail.com

www.cpcib.org

La Paz  - Bolivia

Amigas/os, colegas de las listas:

Anoche (martes 19) pude ver por los canales de televisión imágenes de la vigilia en apoyo a la demanda de tres valientes mujeres que llevan adelante una lucha sin cuartel para conocer el destino final de los restos de sus familiares, desaparecidos forzosos durante las dictaduras del general René Barrientos Ortuño (muerto calcinado en 1969, en la población de Arque) y Luis García Meza (condenado a prisión por 30 años sin derecho a indulto).

El segundo pedido, que tiene mucho simbolismo, pues beneficia a un número mayor de víctimas de la violencia política en épocas de dictadura, es la apertura de los archivos militares, que fueron producidos como trágico testimonio de esas épocas negras de nuestra historia política. La Democracia no podrá alcanzar su pleno desarrollo y fortaleza si no se logra cerrar esta página dolorosa que ha dejado honda huella, una especie de estigma indeleble en cada uno de nosotros.

El gobierno ha dado pasos importantes en este tema, pero falta aun la voluntad política para abrir los archivos del horror. Nunca más el ciudadano de a pie será impedido de acceder a los archivos público, pues la nueva Constitución Política del Estado asegura ese derecho humano por medio del Art. 21.6 y el Art. 24. Si algún funcionario se niega a dar curso a esa solicitud, el ciudadano puede interponer la Acción de Cumplimiento, que procede en caso de incumplimiento de disposiciones constitucionales o de la ley por parte de los servidores públicos, con el objeto de garantizar la ejecución de la norma omitida.

Muchos países ya abrieron sus archivos militares, calificado como los Archivos del Terror, y creo firmemente que es necesario que el gobierno de Bolivia exprese el máximo apoyo para que se abran los archivos militares secretos, respondiendo de manera efectiva a ese anhelo legítimo y justo de los familiares de desaparecidos forzosos y de las miles de víctimas de violencia política en épocas de dictadura, pues por esa vía podrán conocer a ciencia cierta, sobre una base documental, cuál fue el destino de sus seres queridos, quiénes dieron las instrucciones para cometer esos delitos de lesa humanidad, que por ello mismo son imprescriptibles, y que finalmente se sometan a la justicia.

Anoche, mas de un centenar de personas de buena voluntad se congregaron en las puertas del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, apoyando la demanda de Olga Flores (hermana del exdirigente de la Central Obrera Boliviana, Carlos Flores), asesinado y desaparecido en el golpe de Estado del Gral. Luis García Meza; Martha Montiel (busca los restos de su padre, secuestrado durante la dictadura del Gral. René Barrientos Ortuño), y Hortensia Gutiérrez de Flores (esposa de un desaparecido). Al pedido se sumó la familia del dirigente socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz (cruelmente torturado y luego asesinado durante el fatídico golpe de Estado de Luis García Meza Tejada), exigiendo se abran los archivos militares de los regímenes de facto del Gral. Hugo Bánzer Suárez (muerto por el cáncer) y el Gral. Luis García Meza Tejada).

Anoche, estimadas/os amigas/os, vi con mucho sentimiento que uno de nuestros colegas, el archivista Juan Carlos Fernández, ex jefe del Departamento de Correspondencia y Archivo del Banco Central de Bolivia, moderador de la lista Archivistas_Boli...@yahoogrupos.com y miembro de las Tertulias Archivistas, se sumó al grupo de activistas en esa vigilia, y estoy seguro que él orientará con su conocimiento y reconocida experiencia al grupo de mujeres bolivianas. Todos ellos nos dan un hermoso ejemplo de valentía en la hora de hacer respetar los derechos fundamentales que todo ciudadano debe gozar con el amparo del Estado.

Gracias Juan Carlos por representarnos de forma ad-hoc a los archivistas de Bolivia en esta batalla final por abrir los archivos militares de Bolivia.

Pido, con mucho respeto y vehemencia a los archivistas de Bolivia, hombres y mujeres, apoyar esta justa causa, replicando los distintos mensajes que se generan a raíz de este hecho histórico.

Seguramente muchos archivistas pensarán que no es bueno ni aconsejable mezclar nuestra rol de agentes del Estado (es decir, Servidores públicos) con hechos que tienen un cariz político, como es este caso. Sería placentero para todos realizar nuestro trabajo técnico y servir a la sociedad desde la comodidad de nuestros lugares de trabajo, pero creo que ninguno de nosotros puede eludir la responsabilidad ética y, por supuesto profesional, de exigir que se cumplan las leyes (lean por vía de ilustración el Art. 235, que señala a la letra, como obligaciones nuestras: "Rendir cuentas sobre las responsabilidades económicas, políticas, técnicas y administrativas en el ejercicio de la función pública).

Créanme que cada día que pasamos en nuestros escritores o mesones de atención al público, hacemos política ya sea al opinar sobre la marcha del país, al expresar nuestra opinión sobre la situación de la economía doméstica, de la política internacional, de los grupos de extranjeros que intentaban desatar la violencia desenfrenada, cuando nos reunimos en mesas redondas, coloquios, seminarios y tertulias archivísticas, pues necesariamente hablamos de temas de política.

La podemos llamar ’política sana’, pero es política al fin.

Pido también a los colegas del exterior que se sumen a este sacrificio de tres bolivianas, para lograr ese noble propósito.

Se recomienda enlazar las siguientes direcciones de email:

La familia de Quiroga Santa Cruz pide abrir archivos de FFAA. Activistas hacen vigilia frente al Gran Cuartel de Miraflores: http://www.laprensa.com.bo/noticias/20-05-09/20_05_09_alfi2.php <http://www.laprensa.com.bo/noticias/20-05-09/20_05_09_alfi2.php>

Familia Quiroga pide a Morales revelar archivos. DICTADURA * Exigen al Presidente no sólo utilizar la memoria del líder socialista, sino contribuir en el esclarecimiento de su caso. http://www.la-razon.com/versiones/20090520_006733/

 Familia de Marcelo exige desclasificar información. http://www.cambio.bo/2009-mayo/20/pag16.pdf

Atentamente,

Luis Oporto Ordóñez

Director de la Biblioteca y Archivo Histórico del

Congreso Nacional de la República de Bolivia

Nuevos documentos desclasificados revelan más de $97 millones de la USAID para los proyectos separatistas en Bolivia: Como funciona el Imperialismo.

Enviado por David Bayer

Nuevos documentos desclasificados revelan más de $97 millones de la USAID para los proyectos separatistas en Bolivia Por: Eva Golinger Fecha de publicación: 12/05/09

Documentos recientemente desclasificados y obtenidos por los investigadores Eva Golinger y Jeremy Bigwood revelan que la Agencia del Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) ha invertido más de $97 millones en la “descentralización”, la “autonomía” y los partidos políticos de la oposición desde el año 2002. Los documentos, solicitados por los investigadores bajo la Ley de Acceso a la Información de Estados Unidos (Freedom of Information Act “FOIA”), destacan que la USAID en Bolivia fue el “primer donante que apoyaba a los gobiernos departamentales” y “los programas de descentralización” en el país, evidenciando entonces que la agencia estadounidense ha sido uno de los principales financistas y promotores de los proyectos separatistas promovidos por los gobiernos departamentales en el oriente boliviano. DESCENTRALIZACIÓN Y SEPARATISMO En total, los documentos afirman que la USAID ha manejado aproximadamente $85 millones anualmente en Bolivia, que se ha dividio entre sus programas de seguridad, democracia, crecimiento económico, e inversión social. El programa de Democracia se ha dedicado durante los últimos años a una seria de “prioridades”, la primera denominada “Gobernabilidad democrática descentralizada: Gobiernos Departamentales y Municipales”. Según uno de los documentos clasificado como “sensible”, éste trabajo de la descentralización comenzó cuando la USAID estableció en Bolivia una Oficina para las Iniciativas hacia una Transición (OTI) durante el año 2004. Las OTI son oficinas de respuesta rápida a una crisis política en un país considerado “estratégicamente importante” para los intereses estadounidenses. Las OTI solo atienden a asuntos políticos, y generalmente manejan fondos líquidos de altas cantidades. Las OTI operan como agencias de inteligencia dado a su forma de contratar empresas estadounidenses que luego abren sedes locales en los países donde buscan direccionar altas cantidades de financiamiento a partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil (ONG) que promueven la agenda de Washington. Luego del fracaso del golpe de estado contra el Presidente Chávez en Abril 2002, la USAID abrió una OTI en Venezuela dos meses después, en Junio 2002, con un presupuesto por encima de los $10 millones que desde entonces ha filtrado alrededor de $50 millones a través de cinco instituciones estadounidenses a más de 450 ONGs, programas y grupos políticos de la oposición. En el caso de Bolivia, la OTI contrató a la empresa estadounidense Casals & Associates para coordinar un programa de descentralización y autonomía en las zonas de la media luna boliviana, con énfasis en el departamento de Santa Cruz, y para realizar talleres de capacitación para fortalecer los partidos políticos de oposición contra la entonces candidatura de Evo Morales. Luego de la elección de Evo Morales a la presidencia en el 2005, la OTI direccionó todo su trabajo a los proyectos separatistas y los referéndos autonómicos en Bolivia Oriental. A partir del año 2007, el trabajo de la OTI, que contaba con un presupuesto adicional de $13.3 millones, fue absorbado por el Programa de Democracia de la USAID/Bolivia, lo cual ha venido reforzando este proyecto separatista desde entonces. El trabajo de la USAID en Bolivia cubre casi todos los sectores de la vida política, penetrando la sociedad boliviana e intentando promover un modelo político e ideológico estadounidense. La inversión en la “descentralización” incluye todo el apoyo y la asesoría necesaria para conformar regiones “autónomas”, desde la planificación departamental, la gestión financiera, la estrategia comunicacional, la estructura presupuestaria departamental, el desarrollo económico regional y la organización territorial - todo preparado e implementado por los representantes de la USAID y sus contrapartes bolivianas. Como parte del programa denominado “Fortaleciendo las Instituciones Democráticas” (SDI), la USAID destaca su trabajo de “enriquecer el diálogo sobre la descentralización; mejorar el manejo de los recursos presupuestarios departamentales; y promover el desarrollo económico regional”. Hasta han creado “laboratorios de organización territorial” para ayudar los gobiernos departamentales implementar su autonomía. Según un documento de fecha 30 de noviembre de 2007, justo meses antes de los procesos referendarios separatistas en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, el programa de “Iniciativas Democráticas” de la OTI/USAID trabajó de manera cerca con los Prefectos en ésas regiones para “desarrollar modelos de gobiernos ‘sub-nacionales, de-concentrados’”. En éstas regiones, han anunciado que su objetivo es lograr una división política y económica del gobierno nacional para que puedan manejar y beneficiarse de manera autonómica los recursos estratégicos que se encuentran en sus regiones. No es por casualidad que éstas iniciativas separatistas se concentran en las zonas más ricas en gas, agua y poder económico. Este financiamiento multi-millonario de la USAID a los proyectos separatistas en la zona oriental de Bolivia ha alimentado su acciones desestabilizadoras durante los últimos años, incluyendo la violencia contra las comunidades indígenas, actos de terrorismo y planes de magnicidio contra el Presidente Morales. FORTALECER LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE OPOSICIÓN Otra prioridad principal del trabajo de la USAID en Bolivia, evidenciada en los documentos desclasificados, ha sido su extenso financiamiento y capacitación para los partidos políticos de oposición. A través de las instituciones estadounidenses, Instituto Republicano Internacional (IRI) y Instituto Demócrata Nacional (NDI), dos entidades consideradas brazos internacionales de los partidos políticos de EEUU que reciben su financiamiento del Departamento de Estado y del congreso estadounidense a través de la National Endowment for Democracy (NED), la USAID ha venido alimentando grupos políticos y dirigentes sociales de oposición en Bolivia. Durante el año 2007, dedicaron $1.250.000.00 a la “formación para los miembros de partidos políticos sobre los procesos políticos actuales, incluyendo la Asamblea Constituyente y el Referéndum Autonómico”. Los principales beneficiarios han sido de los partidos Podemos, MNR, MIR y más de 100 ONGs bolivianas. INTERVENCIÓN EN PROCESOS ELECTORALES También gran parte del trabajo de la USAID en Bolivia se ha dedicado a intervenir en los procesos electorales durante los últimos años. Esto ha incluido la formación de una red de 3 mil “observadores” capacitados por la organización Partners of the Americas, entidad estadounidense financiada por la USAID. La creación de “redes” en la sociedad civil para monitorear los procesos electorales ha sido una estrategia utilizada por las agencias de Washington en países como Venezuela, Ecuador y Nicaragua, para luego intentar desacreditar los procesos electorales y denunciar fraude cuando los resultados no favorecen la agenda estadounidense. En el caso de Venezuela, el grupo que ha liderado este trabajo es Súmate, una ONG venezolana creada con financiamiento de la NED y la USAID que ha intentado presentarse como un actor “apolítico”, pero que en realidad ha sido promotor del referéndum revocatorio contra el Presidente Chávez y ha denunciado fraude en todos los procesos electorales durante los últimos años a pesar de que éstos han sido certificados como légitimos por instituciones internacionales, como la OEA, la Unión Europea y el Centro Carter. Estas “redes” funcionan como nucleos de la oposición durante los procesos electorales para reforzar su posicionamiento y tener una presencia y vocería en los medios de comunicación. PENETRACIÓN EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS El trabajo de la USAID en Bolivia no está orientada solamente al fortalecimiento de la oposición tradicional al gobierno de Evo Morales, sino también penetran e infiltran en las comunidades indígenas, buscando nuevos actores que promueven la agenda de Washington pero con una cara más representativa del puebo boliviano. En un documento desclasificado, los representantes de la USAID hablan de la necesidad de dar “más apoyo a los pasantes indígenas que trabajan en la USAID y la Embajada [de Estados Unidos en La Paz] para construir y consolidar una red de graduados que abogan por el gobierno estadounidense en áreas claves.” También destacan su trabajo de “fortalecer la ciudadanía democrática y el desarrollo económico local para los grupos más vulnerables de los indígenas en Bolivia.” Según la USAID, “éste programa muestra que ningún país o gobierno tiene un monopolio sobre la ayuda a los indígenas…éste programa demuestra que Estados Unidos es amigo de Bolivia y de los indígenas…” Los documentos desclasificados en su formato original y con traducción al español están disponibles en: www.jeremybigwood.net/BO/2008-USAID PRINCIPALES EMPRESAS CONTRATADOS POR EL PROGRAMA DE DEMOCRACIA DE LA USAID EN BOLIVIA Nombre del Contratado: Chemonics International, Inc  Valor del Contrato: $ 9,266,911.00  Nombre del Proyecto: Actividad unilateral titulada: Fortaleciendo las Instituciones Democráticas Principales Actividades: A. Apoyando la consolidación de la descentralización en Bolivia B. Fortaleciendo la sociedad civil: i. educación cívica ii. fortaleciendo la capacidad del lobby iii. fortaleciendo los medios profesionales C. Apoyando la legislatura i. Estableciendo una unidad de servicios legislativos dentro del Congreso ii. Codificación legal Nombre del Contratado: Vanderbilt University  Valor del Contrato: $ 678,497.00 Nombre del Proyecto: Actividad unilateral titulada: Encuesta de valores democráticos Principales Actividades: encuestas bi-anuales sobre la cultura democrática Nombre del Contratado: Consortium para Procesos Electorales y Políticos (CEPPS), implementado por el Instituto Demócrata Nacional (NDI) y el Instituto Republicano Internacional (IRI) Valor del Contrato: $ 1,250,000.00 Nombre del Proyecto: Actividad unilateral titulada: Apoyo Electoral Principales Actividades: A. Educación ciudadana sobre la Asamblea Constitucional y el proceso del referéndum autonómico. B. Formación para los miembros de partidos políticos sobre los procesos políticos actuales (asamblea constituyente y referéndum autonómico) Nombre del Contratado: Checchi & Compañía Consultores, Inc  Valor del Contrato: $ 14,484,220.00 (incluyendo un año opcional) Nombre del Proyecto: Actividad Bilateral titulada: Administración de Justicia en Bolivia Principales Actividades: A. Dar asistencia técnica para adelantar y consolidar reformas legales e institucionales para lograr un mejoramiento en el sistema penal en el país. B. Dar asistencia técnica para facilitar acceso a la justicia a través de Centros Integrales de Justicia (IJC) en zonas de conflicto en el país. C. Proveer asistencia técnica para adelantar reformas institucionales y legales dirigidas a fortalecer la seguridad legal en Bolivia, y atraer inversiones y promover el desarrollo. Nombre del Contratado: Partners of the Americas (POA) Valor del Contrato: $ 7,386,697.00 Nombre del Proyecto: Actividad unilateral titulada: Administración de Justicia en Bolivia – Sociedad Civil Principales Actividades: A. Suministrar asistencia técnica a organizaciones de la sociedad civil para comprender, promover y abogar con los ciudadanos las reformas en el sistema judicial que están tomando lugar en el país. B. Promover en las organizaciones de la sociedad civil una capacidad doméstica para lograr observaciones electorales en el país. Nombre del Contratado: Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia – FAM Valor del Contrato: $ 215,000.00  Nombre del Proyecto: Apoyando y promoviendo municipios y la descentralización Principales Actividades: A. Optimizar la postura de la FAM sobre temas relacionadas con la descentralización, el municipalismo, la autonomía y sujetos relacionados como discutidos en la asamblea constituyente y otros lugares públicos y democráticos

miércoles 29 de abril de 2009

La influencia de Estados Unidos en algunos medios de comunicación latinoamericanos y, particularmente, entre algunos periodistas de la región no es un asunto meramente ideológico: a veces es un asunto de dinero.

Un reciente artículo del periodista estadounidense Jeremy Bigwood –el mismo que demostrara la injerencia conspirativa de la embajada de su país en Bolivia- constituye todo un periplo por ese país del Nunca Jamás en el que viven, cheque en mano, empresas de comunicaciones y sus emplumados servidores.

Bigwood no es ningún charlatán izquierdoso. Es un periodista de investigación antisistema y gracias a él nos enteramos cómo es que el Fondo Nacional para la Democracia (NED por su sigla en inglés) estuvo financiando a la separatista y fascista Cámara de Comercio de Santa Cruz, una entidad que parece estar metida en el abortado complot cuyo objetivo era asesinar a Evo Morales.

Bigwood ha investigado la panoplia de instituciones de los Estados Unidos que financian “a la prensa libre hemisférica” y se ha dado con más de una sorpresa.

Primero, por la cantidad de agencias metidas en el asunto. Entre las más importantes figuran el ya nombrado Fondo Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy, NED), el Consejo Superior de Radiodifusión (Broadcasting Board of Governors, BBG), el Instituto de EE.UU. para la Paz (US Institute for Peace, USIP) y la omnipresente Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (US Agency for International Development, USAID).

Estos tigres del papel actúan en 70 países y su dinero llega a universidades, programas de mejoramiento académico para periodistas, becas particulares, seminarios de especialización, ONG dedicadas a la prensa y un surtido etcétera.

¿De cuánto dinero estamos hablando? Por ejemplo, en el año 2006 sólo USAID tuvo en sus manos 53 millones de dólares para invertir en medios de comunicación y en periodistas. Ese mismo año, el Departamento de Estado añadió otros 15 millones de dólares para invitaciones, foros, conferencias y un abanico amplio de “actividades académicas” vinculadas a la prensa internacional.

Hablamos del dinero blanco y oficial. Del negro –el que proviene de los fondos inexpugnables de la CIA, de subcontratistas del Departamento de Estado y de las embajadas situadas en “zonas delicadas”- poco o nada se sabe.

¿Cuántos periodistas, por ejemplo, han llegado últimamente a los Estados Unidos bajo el paraguas del proyecto Grant IV, aquel programa cultural de intercambio iniciado por John Kennedy en 1961?
Esa cifra sí se conoce. En el 2007, por ejemplo, cuatrocientos sesenta y siete hombres de prensa consumieron diez millones de dólares en pasajes, viáticos y hoteles del presupuesto del Grant IV.

La opacidad, en cambio, cubre algunas actividades de la USAID. Esta agencia ha asimilado los modales de la CIA y ahora se niega a señalar qué organizaciones extranjeras específicas reciben algunos de sus fondos. Y cuando Jeremy Bigwood ha preguntado sobre la naturaleza de algunas instituciones identificadas como receptoras de dinero de USAID, le han dicho que esa información es clasificada.

Bigwood logró tener en la mano un cable que la embajada de los Estados Unidos en Caracas envió a Washington el 19 de agosto del año 2002:

“Esperamos que la participación del señor...(borrado por Bigwood) como Grant IV sea reflejada directamente en su reporte sobre asuntos políticos e internacionales, pues él asciende en su carrera y mejorar nuestros lazos con él significaría ganar a un amigo potencialmente importante en posiciones de influencia editorial”.

El Departamento de Estado tampoco descansa y para eso tiene varias dependencias -aparte de decidir en qué países tiene la USAID que poner el acento-. Una de esas oficinas se llama Office of Public Diplomacy and Public Affaire, OPDPA), que se encarga de financiar directamente a ciertos periodistas especialmente elegidos. Hasta ahora la lista de estos privilegiados es un secreto pero hay sabuesos trabajando en ello.

En el 2006, en Bolivia, uno de los brazos del Departamento de Estado, el llamado Buró de Democracia y Derechos Humanos, patrocinó la organización de quince talleres periodísticos y envió, gratuitamente, a 200 radios bolivianas las conclusiones de estos “talleres profesionales”.

Bigwood ha señalado que el Consejo Gubernamental de Radiodifusión (BBG) ha tenido como presupuesto, desde 1999 al 2006, nada menos que 650 millones de dólares (sí, seiscientos cincuenta millones de dólares).

El BBG es el que irradia Voice of America, fundada en 1942, Radio y TV Martí (40 millones de dólares anuales de presupuesto), Radio Sawa (que llega a Egipto, Irak, el golfo pérsico), Radio Farda (dirigida a Irán) y la cadena de televisión Alhurra, una especie de CNN en árabe y con programación dirigida al Medio Oriente.
El presupuesto de USAID para Irán –hablamos del ejercicio fiscal del 2008- ha sido de 75 millones de dólares.

De ellos, 25 se han usado para “desarrollo de medios de comunicación”. Los otros 50 alimentan lo que Bigwood cita como “diplomacia transformacional para Irán”.

Bigwood cita también el libro El Código Chávez de la abogada Eva Golinger –de origen venezolano y con ciudadanía estadounidense- para recordar cómo es que beneficiarios directos de los programas de USAID y NED estuvieron implicados en el intento de golpe del año 2002 y cómo es que, desde la embajada de los Estados Unidos en Caracas, se establecieron pautas y directivas para la ONG venezolana Súmate, uno de los más caracterizados frentes de la oposición.

En el pasado, la CIA creó, compró o alquiló a cientos y hasta miles de medios y periodistas. Basta recordar el papel de “El Mercurio” en el Chile de Allende, o el de la agencia de noticias “Orbe” en ese mismo escenario.

Pero no es del pasado que hablamos. Es del presente. Porque Bigwood preguntó hace poco y por escrito a la CIA si sigue financiando a periodistas y la respuesta de la Agencia Central de Inteligencia fue la misma de hace cincuenta años:

“La CIA, de ordinario, no niega ni confirma esta clase de alegatos”.

El imperio puede estar en crisis. Pero sigue vivo. Contante y sonante.

Por Luis Oporto

Hoy es un día histórico para la democracia boliviana y para la archivística y archivos bolivianos. Hoy se han logrado abrir, legalmente, los archivos secretos de las FF.AA.

I. PREÁMBULO

Es un gran triunfo de tres valientes mujeres que han doblado el brazo del secretismo de Estado, en el caso de los Archivos del Horror. Sus nombres han ingresado con mérito propio, honor y dignidad a la Historia política boliviana, pero sobre todo en lo que a nosotros respecta, a la Historia de la Archivística Boliviana, en cuyos anales tendrán por siempre un lugar de privilegio.

Para que la memoria no las olvide, ellas son:

*       Olga Flores (hermana del exdirigente de la Central Obrera Boliviana, Carlos Flores), asesinado y desaparecido en el golpe de Estado del Gral. Luis García Meza
*       Hortensia Gutiérrez de Flores (esposa de un desaparecido forzoso).
*       Martha Montiel (busca los restos de su padre, secuestrado durante la dictadura del Gral. René Barrientos Ortuño)

Los medios de prensa del día de hoy anuncian la gran nueva con diversos matices:

LA PRENSA. El Ejecutivo abre archivos de las FF.AA. El Gobierno retrocedió luego de asegurar a familiares que no existían. Las huelguistas de hambre no suspendieron aún su protesta Gobierno autoriza apertura de los archivos militares. http://www.laprensa.com.bo/noticias/21-05-09/21_05_09_alfi2.php <http://www.laprensa.com.bo/noticias/21-05-09/21_05_09_alfi2.php>

LA RAZÓN. Los archivos se abrirán sólo para familiares. A través de una resolución ministerial, el Ejecutivo autoriza al Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas permitir a los familiares de las personas desaparecidas en las dictaduras conocer “el estado” de los documentos. http://www.la-razon.com/versiones/20090521_006734/nota_256_815612.htmhttp://www.la-razon.com/versiones/20090521_006734/nota_256_815612.htm>
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CAMBIO. Las FFAA deben entregar archivos de la dictadura. ► El Alto Mando militar deberá facilitar la documentación que soliciten los legítimos interesados. Un paso a la verdad. ► Los familiares de las víctimas de los regímenes castrenses esperan encontrar a sus seres queridos desaparecidos. ► La cárcel, la tortura y la muerte estuvieron destinadas a los dirigentes sindicales y militantes de izquierda.

II. ALGUNOS ELEMENTOS PARA COMPRENDER ESTE CASO:

1. La Resolución Ministerial que autoriza el acceso a los archivos secretos de las FF.AA, expresión de la voluntad política para efectivizar el derecho ciudadano de acceso a la información.

Esta norma legal establece el carácter del acceso. Para ello se basa en el Art. 8 de la Constitución Política del Estado, y determina el acceso por el precepto del interés legítimo de los administrados, como señala la Ley 2341. A la vez, se basa en el Art. 24 de la CPE que determina el derecho de petición, de forma escrita o verbal, sin mayor requisito que el de identificarse.

Sin embargo es importante anotar que por esas razones, los Archivos sólo podrán ser requeridos por los familiares de los desaparecidos y víctimas de los regímenes de facto. Para este fin, los archivos no deben estar sujetos a la reserva, amparándose para este propósito en la Ley 1178, el DS 23318-A (reformado), y el régimen de la reserva dado por la ley 2341 y su DS reglamentario 27113.

Debo llamar poderosamente la atención el hecho curioso que resulta de la incorporación, para el tratamiento de la reserva, de un decreto sin vigencia, el DS. 28168, que fue abrogado precisamente por el 27113.

En todo caso, este hecho constituye la más alta expresión política del gobierno del presidente Evo Morales Ayma que implantar en su gestión de gobierno la transparencia de los actos de la administración, en cualquiera de sus ámbitos, y el castrense no podía estar al margen.

2. La desclasificación de archivos es de doble partida.

Una parte de los archivos secretos se encuentran en el país, mermados por cierto, de acuerdo a las explicaciones vertidas por el Ministro de Defensa, que se podrán ver más adelante.

Otra parte fundamental, son los archivos clasificados por la administración de los Estados Unidos, para cuyo fin se encuentra en nuestro país el archivista Estadounidense Peter Kornbluh, quien informará de las acciones desarrolladas para lograr la desclasificación de documentos de archivos de Estados Unidos, relacionados al tema las dictaduras militares en Bolivia y los desaparecidos forzosos y víctimas de la represión política del Estado, en gobiernos dictatoriales (1964-1982).

Los Archivos del Horror recogen los testimonios de la represión militar, ejercidos contra ciudadanos opositores a gobiernos dictatoriales, que implementaron (con aval de la Central de Inteligencia de EE.UU.) el Plan Cóndor, una Red Internacional de Lucha contra la Subversión Comunista, por los dictadores de Argentina Jorge Videla (1976-1983), Bolivia Hugo Bánzer Suárez (1971-1978), Brasil, Ernesto Geisel (1974), Chile, Augusto Pinochet (1973-1990), Paraguay, Alfredo Strossner (1954-1989), Uruguay, Juan María Bordaberry (1972-1976).

Allí se crean los Archivos del Horror. En el caso boliviano, de acuerdo a las explicaciones del Viceministro de Régimen Interior, marcos Farfán, existen cuatro archivos similares:

a) El primero quedaba en la Dirección de Orden Político (DOP), que se extiende desde la época de Bánzer hasta Luis García Meza (preso en Chonchocoro, con sentencia ejecutoriada por 30 años sin derecho a indulto). Se sabe que el “archivero” o “custodio” de esa documentación era el paramilitar Guido Benavides.

b) El segundo estaba en instalaciones del Servicio de Inteligencia del Estado (Ministrio del Interior), que fue desmantelado por el Cnl. Luis Arce Gómez y trasladado al Estado Mayor General de las FF.AA., en noviembre de 1979.

c) El tercereen el Departamento II del Estado Mayor General de las FF.AA. (donde fueron llevados los archivos señalados en el inciso b)

d) El cuarto, era organizado por la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, donde se remitía periódicamente copias de todo lo actuado en el tema de la represión político y los servicios de inteligencia.

Acotamos que el quinto archivo se encuentra en la ciudad de Washington D.C., en instalaciones de la Central de Inteligencia de los EE. UU.. Es posible que ese archivo (o parte de el) fue transferido desde la CIA a los Archivos Nacionales II (NARA II) en Maryland.

Precisamente de este tema hablará el Archivista Peter Kornbluh, en la sede de la Chancillería boliviana el viernes 22 a partir de Hrs. 14:00.

Finalmente, es necesario mencionar que el proyecto para abrir los archivos secretos en EE. UU. fue impulsado desde la Embajada Boliviana en ese país, a cargo del Embajador Guzmán, quien encomendó el trabajo a la Bibliotecóloga boliviana Virginia Aillón.

3. Alcance de la resolución Ministerial.

El Ministro de Defensa Walker San Miguel señaló que La resolución Ministerial, aprobada en el Gabinete de Ministros:

“permitirá a cualquier persona que considere tener el derecho legítimo, conocer el estado de los archivos, de todos los archivos que las Fuerzas Armadas recibieron esa época y, por supuesto, (lo que posee actualmente) nuestro Alto Mando Militar”.  Aunque anticipó que no encontrarán más información de la que se conoce. “Lamentablemente las dictaduras militares, antes de retirarse del poder, no dejaron los documentos que por supuesto hubieran incriminado directamente a los ex presidentes, a los ex militares que cometieron estas atrocidades”.  (La Razón).

Esto quiere decir que la administración gubernamen­tal del presidente Evo Morales Ayma, tras la reunión de gabinete, autorizó la dictación de la resolución mi­nisterial que autoriza a las Fuerzas Armadas abrir los archivos de las dictaduras militares en Bolivia para encontrar datos sobre los desapa­recidos de esos regímenes.

4. El procedimiento a seguir.

En su explicación a la prensa, el ministro de Defensa Na­cional, Walker San Miguel, a tiempo de anunciar la apro­bación de la resolución minis­terial, por la cual se autoriza al Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas a facilitar información a los familiares de desaparecidos de los gobiernos militares, ha hecho saber que para el ejercicio de ese derecho:

a) Los familiares debe­rán contar con toda la documen­tación que los identifique

b) Com­probar su interés legítimo (ser familiares).

c) Presentar una solicitud es­crita o verbal al Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, sin nece­sidad de contar con el patrocinio de un abogado (esto expresa el cumplimiento del Art. 24 de la Constitución vigente, que refiere al moderno derecho de petición.

III. CONSIDERACIONES FINALES.

1. Las tres valientes mujeres que han iniciado y desarrollado la histórica huelga de hambre desde el 4 de mayo, escriben una de las páginas más gloriosas de la archivística boliviana y tienen el mérito de haber logrado poner en vigencia los nuevos derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado, a pesar que el acceso se verificará por el precepto del interés legítimo que regla la Ley 2341 y no por la vía del Art. 21.6 de la Constitución vigente.

2. Resta exigir la vigencia plena del Artículo 21.6, que otorga a todos los ciudadanos el derecho de acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva.

3. Tienen a su favor, los familiares de los desaparecidos forzosos y de las víctimas de la violencia estatal en épocas de dictadura de interponer la Acción de Cumplimiento Obligatorio, establecido por el Artículo 134 de la Constitución, que es una moderna garantía que rige plenamente en territorio boliviano desde el 7 de febrero de 2009, fecha histórica de la promulgación realizada por el presidente del la República, luego de varias batallas que presentaron los frentes de oposición a la instalación de la Asamblea Constituyente, su deliberación, la aprobación del Proyecto de Nueva Constitución, su ratificación o rechazo en el Referendo Aprobatorio y Dirimidor, su promulgación y hoy, abren un nuevo frente, para tratar de impedir las Elecciones Generales de diciembre de 2009.

4. En ese dramático contexto, grupos de poder que se verán afectados con el nuevo régimen constitucional, no han dudado en ha llevar al país al borde de la guerra civil (septiembre de 2008) o al intento de separatismo que pretendían (o pretenden) implementar, con el concurso de mercenarios y voluntarios de extremas ideologías, como se viene informando por parte de la Comisión Multipartidaria y los Fiscales que investigan el caso de Rozsas Flores.

5. Los Archivos del Horror, tienen un correlato en los Estados Unidos, y ese es un tema que no puede dejarse de lado.

ANEXO

Texto de la Resolución publicada por el periódico oficial del gobierno CAMBIO. (Publicado en la separa titulada Informe Especial, que viene con la edición de hoy, jueves 21 de mayo de 2009)

CONSIDERANDO:

Que, conforme el artículo 8 de la Constitución Política del Estado, el Estado Plurinacional de Boli­via se sustenta en los valores de transparencia, bienestar común, responsabilidad y justicia social, entre otros.

Que, el artículo 21 numeral 6 de la Constitución Política del Es­tado establece que los bolivianos y bolivianas tienen el derecho ci­vil de acceder a la información, interpretarla, analizarla y comu­nicarla libremente, de manera individual o colectiva.

Que, los artículos 244 y 246 de la Constitución Política del Estado determinan que las Fuerzas Arma­das del Estado tienen por misión fundamental defender y conser­var la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país; asegurar el imperio de la Constitución y parti­cipar en el desarrollo integral del país, recibiendo sus órdenes en lo administrativo, por intermedio del Ministro de Defensa.

Que, el artículo 22 de la Ley Nº 1405, de 30 de diciembre de 1992, Orgánica de las Fuerzas Armadas, establece que el Ministerio de De­fensa es el organismo político y administrativo de las FFAA.

Que, de acuerdo al artículo 39 inciso f ) del Decreto Supremo Nº 29894, de 07 de febrero de 2009, de Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Pluri­nacional, el Ministerio de Defensa tiene la atribución de promover y coordinar la defensa de los de­rechos humanos y de la transpa­rencia en las Fuerzas Armadas, así como su adhesión a los principios y valores del Estado Plurinacional.

Que, la Ley Nº 2341 de 23 de abril de 2002, en Procedimiento Administrativo establece en su ar­tículo 18 que las personas tienen derecho a acceder a los archivos, registros públicos y a los docu­mentos que obren en poder de la Administración Pública.

Que, el derecho de acceso y obtención de certificados y co­pias no podrá ser ejercido sobre los expedientes que contengan información relativa a la defensa nacional, a la seguridad del Es­tado o al ejercicio de facultades constitucionales por parte de los poderes del Estado.

Que, el artículo 5 del Regla­mento de la Responsabilidad por la Función Pública, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 23318-A, de 03 de noviembre de 1992, establece que toda limita­ción o reserva a la transparencia debe ser específica para cada clase de información y no general para la entidad o alguna de sus depen­dencias y estar expresamente es­tablecida por Ley, señalándose claramente ante qué instancia independiente y cómo debe res­ponderse por actos reservados.

Que, el artículo 3 del Decre­to Supremo Nº 28168, de 17 de mayo de 2005, establece que toda información que genere y posea el Poder Ejecutivo pertenece a la colectividad y es pública. Asimis­mo, que en ningún caso podrá ser amparada bajo secreto, reserva o confidencialidad, información re­ferida a la comisión de delitos de lesa humanidad, violaciones a de­rechos humanos, corrupción en el ejercicio de funciones públicas y daño económico al Estado.

Que, de acuerdo al artículo 8 del señalado Decreto Supremo, la información secreta, reservada o confidencial del Poder Ejecuti­vo relativa a la Seguridad interior o exterior del Estado está sujeta a un levantamiento automático del secreto, reserva o confiden­cialidad de la información trans­curridos veinte (20) años desde el momento del hecho genera­dor de la información.

Que, familiares y víctimas de regímenes sujetos a dictaduras mi­litares, así como organizaciones de derechos humanos han manifes­tado su deseo de conocer los ar­chivos de dictaduras militares que gobernaron el país, en el marco de las denuncias formuladas por la desaparición de personas y viola­ciones a los derechos humanos.

Que, la verdad, transparencia y justicia son principios fundamen­tales que rigen la gestión pública del Estado Plurinacional de Boli­via, en cuyo contexto el Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas de Bolivia han decidido permitir el acceso a archivos, re­gistros públicos y documentos de las Fuerzas Armadas que corres­pondan a las gestiones de dicta­duras militares.

POR TANTO:

El Señor Ministro de Defensa, en ejercicio de las facultades conferi­das por norma legal.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Se autoriza al Co­mando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estados facilitar el acceso a familiares y víctimas de regímenes sujetos a dictaduras militares, a archivos, registros pú­blicos y documentos existentes de las Fuerzas Armadas del Estado, que lo soliciten y demuestren su interés legítimo.

ARTÍCULO 2.- I. Los peticionarios que consideren tener un legítimo interés respecto a la información contenida en los archivos de las Fuerzas Arma­das del Estado deberán apersonar­se ante el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado, encon­trarse debidamente identificados y contar la documentación que acre­dite su interés legítimo.

II. Las solicitudes podrán ser presentadas en forma verbal o es­crita, sin requerir el patrocinio de un profesional abogado.

III. El Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado, una vez verificada la identidad e in­terés legitimo del peticionante, autorizará su ingreso a las ins­talaciones donde se encuentren los archivos físicos militares de las Fuerzas Armadas del Estado, en presencia de un representan­te de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), un representante del Ministerio de Justicia y un Nota­rio de Fe Pública.

ARTÍCULO 3.- El Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado es responsable del cumpli­miento de la presente Resolución Ministerial.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.